Parientes de detenidos en la sede policial de Zona 7 en Caracas protestan ante la falta de avances legislativos para las liberaciones.
La desesperación ha llevado a los familiares de los presos políticos en Venezuela a tomar medidas extremas. Varias personas se encadenaron a las rejas del centro de detención de la PNB en Boleíta, conocido como Zona 7. Esta protesta responde directamente al retraso de la ley. El proyecto fue anunciado recientemente. Sin embargo, aún no concreta la libertad de quienes permanecen recluidos en esta sede.
Los manifestantes son principalmente madres y esposas. Ellas denuncian que otros centros ya registran excarcelaciones, mientras que en Zona 7 el proceso está paralizado. La incertidumbre crece cada día. Las autoridades no ofrecen respuestas claras sobre el estatus de los detenidos. Tampoco hay fechas para ejecutar la normativa prometida por la vicepresidencia para pacificar el país.
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Clamor por una justicia sin demoras
El foco de la protesta es la exigencia de que se detenga el retraso de la ley de amnistía, la cual fue planteada como una solución general para los detenidos desde 1999 hasta la actualidad. Los familiares sostienen que sus parientes han sido víctimas de detenciones arbitrarias y que el tiempo corre en contra de su salud física y mental. Al encadenarse, buscan llamar la atención de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos ante lo que consideran una táctica dilatoria del Estado.
Condiciones críticas en los centros de detención
Además de la lentitud legislativa, las familias han denunciado las precarias condiciones dentro de Zona 7. Aseguran que la falta de visitas regulares y el hacinamiento agravan la situación de los internos. Para muchos de los presentes, la demora en la aprobación y aplicación del beneficio jurídico es una forma de tortura psicológica para el entorno familiar, que ve cómo las promesas de diálogo no se traducen en boletas de excarcelación.
Expectativas sobre el proyecto legislativo
El oficialismo afirma que la amnistía busca la «reconciliación nacional». No obstante, la sociedad civil y diversas ONGs advierten que el retraso de la ley responde a filtros políticos. Estos criterios buscarían excluir a ciertos perfiles de detenidos. Las familias en Boleíta no se moverán del lugar. Exigen un cronograma real de liberaciones que incluya a todos los beneficiarios por igual.
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Fuentes: lapatilla.com, elpais.com, swissinfo.ch, ensegundos.com.pa
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