Un grupo de trabajadores petroleros ha denunciado la supuesta reactivación de la «Lista Tascon» como un mecanismo de discriminación política dentro de PDVSA Oriente. Según las acusaciones, varios contratistas que aspiraban a integrarse al proyecto de recuperación PDVSA Petro Roraima fueron rechazados por el Departamento de Seguridad Industrial sin una justificación técnica clara, señalando una posible persecución laboral en posturas políticas críticas al gobierno.
Estas graves acusaciones, que aún no han recibido respuesta oficial por parte de PDVSA, apuntan a que se estaría reviviendo un instrumento de exclusión utilizado históricamente en Venezuela para vetar a opositores en ejercicio de trabajadores en empleos públicos, siendo la llamada «Lista Tascon». Los hechos se reportan en un contexto de renovadas sanciones internacionales y tensión política, generando alarma sobre las condiciones para los profesionales del sector energético.
El mecanismo de la Lista Tascón y su aplicación en PDVSA
La Lista Tascon fue una base de datos pública creada en la década de 2000 con las firmas de quienes apoyaron el referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Su uso para excluir a ciudadanos como trabajadores públicos o beneficios estatales por su ideología fue ampliamente documentado y criticado por organizaciones de derechos humanos.
Hoy, trabajadores petroleros denuncian que un mecanismo similar de discriminación política se está aplicando en el corazón de la industria: el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, perteneciente a PDVSA Oriente. Fuentes internas citadas en el reporte indican que las decisiones de veto las ejecuta el Departamento de Seguridad Industrial, pero siguiendo órdenes del militar Asdrúbal Brito Hernández, lo que sugiere que el filtro no es técnico, sino político.
Impacto en trabajadores de PDVSA Petro Roraima y la fuerza laboral
El blanco de estas presuntas prácticas es el personal que busca ingresar al proyecto de recuperación Pdvsa Petro Roraima (antes Petro Zuata), una iniciativa crucial para la maltrecha producción petrolera del país. La exclusión de contratistas calificados por motivos ideológicos no solo afecta sus derechos laborales, sino que podría impactar negativamente la ejecución técnica y eficiencia de un proyecto energético vital.
Esta situación crea un clima de preocupación y temor entre la fuerza laboral, donde los profesionales podrían priorizar la autocensura y la lealtad política percibida sobre la idoneidad y el mérito técnico. La denuncia señala que los vetados son aquellos con «supuesta vinculación con posiciones críticas o contrarias al gobierno de Maduro», confirmando que el patrón de la antigua lista persiste.
El contexto de sanciones y la ausencia de respuesta oficial por parte de PDVSA
Las acusaciones surgen en un momento particularmente sensible. Venezuela enfrenta un escenario de sanciones internacionales renovadas por parte de Estados Unidos y una compleja tensión política interna. En este marco, la denuncia de persecución laboral en la principal industria del país proyecta una imagen de inestabilidad institucional y pone en duda los compromisos de normalización.
Hasta la fecha, ni los voceros de PDVSA Oriente ni del complejo industrial han emitido una declaración oficial para aclarar o rechazar estas acusaciones. Esta ausencia de respuesta oficial deja un vacío que alimenta la especulación y la desconfianza entre los trabajadores y la opinión pública. La falta de transparencia en un asunto de esta gravedad contrasta con la necesidad de certezas jurídicas y laborales, especialmente cuando organismos internacionales han levantado alertas sobre derechos humanos en el país.
Fuente: EL PITAZO
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