Familiares denuncian hostigamiento y condiciones críticas de detenidos en Boleíta
El centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como Zona 7, fue escenario de tensión este fin de semana. Funcionarios policiales impidieron que familiares de presos políticos se concentraran en las inmediaciones. Allí se había convocado una vigilia pacífica con la esperanza de que se produjeran liberaciones. Los allegados, que esperan excarcelaciones desde los anuncios realizados el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunciaron un cerco de seguridad. También señalaron actos de hostigamiento.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a equipos antimotines bloqueando los accesos peatonales hacia la sede. Madres, esposas e hijos intentaron dialogar con los oficiales, pero fueron obligados a retirarse de las aceras. La organización Vente Venezuela calificó la acción como un “asedio desproporcionado”. Además, indicó que el uso de la fuerza pública contra civiles profundiza la crisis de derechos humanos en el país.
Entre los afectados se encuentra Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco, detenido por motivos políticos. Ella denunció que cuatro miembros de su familia permanecen recluidos en condiciones críticas, incluyendo su madre, paciente cardíaca. Además, alertó sobre una emergencia médica dentro del recinto: un detenido sufrió una crisis de hipertensión severa sin recibir atención ni medicamentos, pese a los intentos de los familiares por entregarlos.
Los manifestantes reiteraron que su presencia es pacífica y que solo buscan acompañar espiritualmente la espera de las liberaciones. “Tenemos más de dos semanas intentando facilitar medicinas para personas de la tercera edad”, explicó Orozco, subrayando que cerca del 80% de los detenidos son mujeres.
La vigilia, que se mantiene en las afueras de Zona 7, refleja la determinación de las familias que esperan excarcelaciones y que no han abandonado el lugar pese al acoso policial. Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que las liberaciones anunciadas deben cumplirse de manera transparente y sin represalias.
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