Se instala la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para debatir la ley de amnistía con la participación de figuras sancionadas
Este viernes 6 de febrero de 2026, el Parlamento venezolano formalizó la Comisión Especial. Esta instancia coordinará la consulta pública sobre el proyecto de ley de amnistía para la Convivencia Democrática. El paso ocurre solo 24 horas después de su aprobación unánime en primera discusión. Dicha sesión histórica fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sin embargo, el inicio de esta fase genera debate. Varios integrantes de la comisión poseen sanciones internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Una comisión bajo la lupa internacional
El diputado Nicolás Maduro Guerra preside la instancia que llevará la ley de amnistía a las calles. El legislador afirmó que este instrumento busca sanar las heridas de dos décadas de conflicto político. Junto a él, figuran nombres como Iris Varela y Pedro Carreño, parlamentarios que han sido señalados en informes de organismos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. La presencia de estos perfiles en la discusión de una normativa de perdón genera suspicacias entre sectores que exigen garantías de transparencia.
Existen cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos miembros. Pese a ello, el propósito de la ley de amnistía es beneficiar a procesados por causas políticas desde 1999. Hasta la fecha, el Foro Penal reporta la excarcelación de 383 personas. Estas medidas forman parte del proceso de distensión iniciado en enero.
Alcances y exclusiones del perdón
El proyecto legal establece una ruta para la reconciliación, pero marca límites claros en su articulado. El beneficio no se aplicará a involucrados en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Tampoco incluirá violaciones graves a la integridad física. Se busca un borrón y cuenta nueva para la mayoría de los presos políticos. No obstante, la justicia internacional vigilará los expedientes por abusos sistemáticos.
La consulta pública se extenderá por todo el territorio nacional para recoger las impresiones de la sociedad civil y víctimas del conflicto. El objetivo final es pulir el texto para su segunda discusión. Se espera que la normativa adquiera carácter ejecutorio pronto. Esto permitiría el regreso de exiliados y la libertad plena de quienes tienen medidas restrictivas.
¿Consideras que una comisión integrada por diputados sancionados puede garantizar un proceso de reconciliación nacional transparente y justo? Comparte tu opinión con nosotros.
Fuentes: Asamblea Nacional, Agencia Venezolana de Noticias, El País, El Tiempo, Swissinfo, Foro Penal.
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