Informe cuestiona el rescate de Plus Ultra por incumplir requisitos
El caso Plus Ultra vuelve a generar polémica en España. La controversia surge tras la publicación de un informe del sindicato Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. El documento sostiene que el Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea con fondos públicos, aunque la empresa no cumplía los requisitos exigidos para acceder a estas ayudas.
La ayuda, de 53 millones de euros, fue concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. Según el informe, la operación vulneró tanto la normativa europea sobre ayudas de Estado como las condiciones fijadas por el propio Ejecutivo para el fondo de apoyo a la solvencia.
Uno de los puntos más relevantes es que Plus Ultra ya estaba en crisis antes de la pandemia, lo que la excluía automáticamente de recibir ayudas públicas. La aerolínea acumulaba pérdidas desde su creación y mantenía un desequilibrio patrimonial estructural, sin relación directa con la emergencia sanitaria.
El informe también desmonta el argumento de que Plus Ultra era una empresa estratégica. La compañía operaba un número reducido de rutas, todas cubiertas por otras aerolíneas con mayor capacidad. Además, no tenía aviones propios ni una cuota de mercado significativa que justificara su importancia para la conectividad aérea del país.
Otro aspecto señalado es la existencia de un préstamo previo de más de seis millones de euros que la aerolínea no devolvió. Esta deuda, contraída con un fondo extranjero desde 2017, agravaba su fragilidad financiera. El sistema bancario privado y las líneas avaladas por el ICO también rechazaron financiar a la empresa, lo que, según el informe, evidencia su inviabilidad.
El documento concluye que el Estado asumió un riesgo con dinero público en condiciones especialmente favorables para la aerolínea, mediante préstamos con intereses reducidos y garantías limitadas. Para los denunciantes, el caso Plus Ultra refleja una cadena de irregularidades que debe ser investigada para determinar responsabilidades políticas y administrativas.
Fuentes: El Debate, El Nacional, La Patilla
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